El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos está ante una demanda contra las políticas arancelarias de la administración Trump. El Centro para la Justicia Liberal, un grupo legal no partidista, presentó una demanda en nombre de cinco importadores afectados por los aranceles, acusando al presidente de imponer aranceles sin autorización del Congreso y pidiendo a la corte que detenga las medidas comerciales.
Las empresas involucradas abarcan múltiples industrias, incluidos importadores de vino y fabricantes de equipos educativos, y apuntan directamente al decreto de aranceles "Día de la Liberación" publicado por Trump el 2 de abril y su política de aumento de aranceles hacia China. El abogado representante Schwab señaló que la Constitución establece claramente que el poder legislativo sobre aranceles pertenece al Congreso y que el presidente no tiene la autoridad para decidir unilateralmente decisiones económicas tan importantes.
La Casa Blanca respondió que la política arancelaria tiene como objetivo enfrentar una "emergencia nacional" y proteger los derechos de las empresas y trabajadores estadounidenses. El portavoz Fields enfatizó que las acciones del presidente están destinadas a crear un entorno de comercio internacional justo y corregir los problemas de desequilibrio comercial que han existido durante mucho tiempo.
Este caso ha provocado una controversia sobre la autoridad constitucional, poniendo la legalidad de la política arancelaria bajo revisión judicial, lo que podría tener un profundo impacto en el legado comercial del gobierno de Trump.
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La política arancelaria de Trump enfrenta desafíos judiciales, las empresas demandan al presidente por abuso de poder en la imposición de impuestos.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos está ante una demanda contra las políticas arancelarias de la administración Trump. El Centro para la Justicia Liberal, un grupo legal no partidista, presentó una demanda en nombre de cinco importadores afectados por los aranceles, acusando al presidente de imponer aranceles sin autorización del Congreso y pidiendo a la corte que detenga las medidas comerciales.
Las empresas involucradas abarcan múltiples industrias, incluidos importadores de vino y fabricantes de equipos educativos, y apuntan directamente al decreto de aranceles "Día de la Liberación" publicado por Trump el 2 de abril y su política de aumento de aranceles hacia China. El abogado representante Schwab señaló que la Constitución establece claramente que el poder legislativo sobre aranceles pertenece al Congreso y que el presidente no tiene la autoridad para decidir unilateralmente decisiones económicas tan importantes.
La Casa Blanca respondió que la política arancelaria tiene como objetivo enfrentar una "emergencia nacional" y proteger los derechos de las empresas y trabajadores estadounidenses. El portavoz Fields enfatizó que las acciones del presidente están destinadas a crear un entorno de comercio internacional justo y corregir los problemas de desequilibrio comercial que han existido durante mucho tiempo.
Este caso ha provocado una controversia sobre la autoridad constitucional, poniendo la legalidad de la política arancelaria bajo revisión judicial, lo que podría tener un profundo impacto en el legado comercial del gobierno de Trump.